🗣️ ¡La comunicación no se vende, se defiende!
Ya está en marcha el Proyecto de Ley 128 de 2025, que busca garantizar pauta oficial para medios comunitarios y alternativos. Pero el camino no será fácil: toca convencer a las bancadas del Congreso… ¡y estamos en plena temporada preelectoral!
Este no es un tema de partidos. Es de democracia, de libertad de expresión, de participación real. Es hora de que todas las fuerzas políticas escuchen a las comunidades.
🌎 Colombia se pone a tono con el mundo
Ecuador ya lo hizo: reservó el 34 % de su pauta para medios comunitarios. La ONU y la CIDH lo han dicho claro: concentrar la pauta en unos pocos es censura disfrazada.
Cuando se asigna a dedo, se presiona la línea editorial. Se castiga al que incomoda. Se premia al que calla.
📢 ¡Medios comunitarios: llegó nuestro momento!
Si este proyecto se convierte en ley, será una victoria histórica.
Por fin se reconoce el trabajo de quienes han sostenido la voz de los territorios sin apoyo estatal.
Por fin se dice: la comunicación es un derecho, no un privilegio.
🔥 La pregunta es:
¿Tendremos un Congreso capaz de dar este paso?
¿Seremos capaces de movilizarnos, de alzar la voz, de exigir que se escuche a los medios que sí están con la gente?
#VamosPorLeyDeTercios Proyecto de Ley 128 de 2025
3. Participación y representación con equidad. Este derecho está encaminado a garantizar la participación y representación de las mujeres que habitan en Bogotá, D.C., en todas las instancias, espacios, escenarios y mecanismos del orden distrital y local, en los ámbitos social, económico, cultural y político. Apunta al reconoci miento de las mujeres...
Participación y representación con equidad. Este derecho está encaminado a garantizar la participación y representación de las mujeres que habitan en Bogotá, D.C., en todas las instancias, espacios, escenarios y mecanismos del orden distrital y local, en los ámbitos social, económico, cultural y político. Apunta al reconocimiento de las mujeres...
6.Educación con equidad. La educación es un bien público y un derecho fundamental. En este sentido, es responsabilidad del Estado garantizar que las mujeres independientemente de su ciclo vital, accedan a una educación de calidad, relevante, pertinente y no sexista, para su realización plena como persona.